AYUDAS DIRECTAS AL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA HABITUAL DE LA JUTA DE CASTILLA Y LEÓN

El pasado 7 de mayo se publico en el BOCYL la ORDEN FYM/374/2020, de 5 de mayo, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por la que se convocan ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.

Las citadas ayudas tendrán como beneficiarios a los arrendatarios de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto COVID–19, tengan problemas transitorios para pagar el alquiler, o para devolver los préstamos avalados por el ICO.

Las ayudas tienen carácter finalista y se destinaran obligatoriamente al pago de la renta del alquiler o, en su caso, a la cancelación total o parcial de los préstamos avalados por el ICO.

Las solicitudes podrán hacerse desde 14 de mayo de 2020 al 30 de septiembre de 2020, ambos incluidos.

Los requisitos que debe reunir son los siguientes:

1º.- Encontrarse, a partir del 14 de marzo de 2020, en alguna de las situaciones de :

  • Desempleo,
  • Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE),
  • Reducción de jornada por cuidados,
  • Cese de actividad en caso de trabajador por cuenta propia,
  • Otras circunstancias similares vinculadas a la actividad laboral o empresarial,

2º.- Además los ingresos netos de la unidad familiar no deberán superar:

  • 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM), que se incrementará en:
    • 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar y por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar, 
    • 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.
  •  4 veces el IPREM, (con los mismos incrementos anteriores),si alguno de los miembros de la unidad familiar:
    • tiene discapacidad igual o superior al 33 por ciento, o
    • está en situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral,
  • 5 veces el IPREM en el caso de que el pagador de la renta sea:
    • persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, 
    • persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los
    • casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

3º. El importe de la renta más los gastos y suministros básicos, deberá ser igual o superior al 35 por ciento de los ingresos netos de la unidad familiar. 

4º.-. Además el arrendatario tendrá que sertitular de un contrato de arrendamiento de vivienda formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

5º. Igualmente deberá estar al corriente de pago de la renta de alquiler correspondiente a las tres últimas mensualidades.

6º.- . La vivienda arrendada esté ubicada dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León y constituya la residencia habitual de la persona arrendataria.

No tendrán derecho a percibir la ayuda:

  • Cuando la persona arrendataria o cualquier de los integrantes de la unidad familiar
    • Sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España. (salvo determinadas excepciones de no disponibilidad de la misma).
    • Tenga parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la persona arrendadora de la vivienda.
    • Sea socia o partícipe de la persona física o jurídica  arrendadora.
  • No podrá ser beneficiaria de estas ayudas la persona arrendataria que no esté al corriente de las Obligaciones Tributarias y de la Seguridad Social.
  • Unidad familiar: Está compuesta por la persona que adeuda la renta arrendaticia, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo las personas vinculadas por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.
  • IPREM mensual: Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, cuyo valor mensual en 2020, de acuerdo con la Disposición adicional 119 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, es de 537.84 €.
  • Renta arrendaticia: la que de forma expresa aparezca como tal en el contrato de arrendamiento, relativa tanto a la vivienda como a los anejos.
  • Gastos y suministros básicos: el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer a la persona arrendataria, referidos al período de un mes.

Junto con la solicitud deberán de presentarse los siguientes documentos :

1. Si se actúa mediante representante legal, copia del documento que lo acredite

2. Copia completa del contrato de arrendamiento en vigor, con inclusión expresa del medio y forma de pago a la persona arrendadora.

3. Acreditación, mediante justificante bancario, del pago de la renta de alquiler de tres últimas mensualidades.

  • Si se ha solicitado reducción o moratoria en el pago de la renta al arrendador, justificante bancario del pago de las tres mensualidades anteriores a dicha petición de moratoria y, en su caso, del acuerdo obtenido con la persona arrendadora.

4. Si se ha solicitado préstamo avalado por el ICO para el pago del alquiler, copia o justificante acreditativo de la cuantía de la ayuda percibida.

5. Documentación acreditativa de la situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida:

  • En caso de desempleo, certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones en el que figure la cuantía mensual percibida.
  • En el caso de ERTE, certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones con indicación de la cuantía mensual percibida; si la empresa complementa la cuantía a percibir por el ERTE, certificado acreditativo.
  • En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, certificado expedido por la AEAT o el órgano competente.
  • En caso de reducción de jornada por motivo de cuidados, y de otras circunstancias similares de vulnerabilidad vinculadas a la actividad laboral o empresarial, documentos que acrediten dichas situaciones.
  • Copia justificativa de todos los ingresos percibidos por el resto de los miembros de la unidad familiar en el mes anterior a la fecha de solicitud de la ayuda.
  • Acreditación, mediante justificante bancario del último pago mensual de los gastos y suministros básicos de la vivienda.
  • Si no se pudiese aportar la documentación de lcuatro primeros puntos anteriores, podrá sustituirlo por una declaración responsable conforme al modelo normalizado disponible. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.
  • Declaración responsable del solicitante relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes en los términos exigidos en el apartado 1 a) del dispongo cuarto de esta convocatoria, y conforme al modelo normalizado incluido en la solicitud.

6. Documentos relativos a las siguientes situaciones personales y familiares:

  • Certificado o volante colectivo de empadronamiento .
  • Copia del libro de familia o documento oficial que acredite, en caso de descendientes..
  • En el caso de pareja de hecho, documento acreditativo de tal situacion.
  • En el caso de unidad familiar monoparental, documento acreditativo de tal situación.
  • Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.
  • En caso de ser propietarios o usufructuarios de alguna vivienda en España, pero no dispongan de la misma, deberán aportar acreditación documental de dicha causa.
  • Si no se pudiese aportar alguno de los documentos requeridos en este apartado 6, podrá sustituirlo por una declaración responsable conforme al modelo normalizado incluido en la solicitud. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.

7. Si el solicitante manifiesta su oposición a autorizar a la administración para la petición de datos a otros organismos, deberá aportar:

  • Copia del documento nacional de identidad o documento acreditativo de la identidad o tarjeta equivalente de los extranjeros residentes en territorio español, de todas las personas que forman la unidad familiar.
  • En cuanto a la titularidad de bienes: certificado catastral o nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

8. Declaración responsable de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Cuantía de la ayuda:

1. Hasta el 100% de la renta arrendaticia con el límite de 500 euros al mes. 

2. El período máximo subvencionable: cuatro mensualidades,  de las comprendidas entre  abril y  septiembre de 2020.

3. En el supuesto de haber accedido a los préstamos para el pago del alquiler avalados por el ICO, la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 2.000 euros.

4. La concesión de la ayuda determinará el levantamiento de la moratoria en el pago de la renta arrendaticia y del consiguiente fraccionamiento de las cuotas que se hubiera negociado con el arrendador.

Lugar y Forma de presentación:

1. Las solicitudes se presentarán obligatoriamente conforme al modelo normalizado que estará a disposición de los interesados, a partir del 14 de mayo de 2020, en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), y en las oficinas y puntos de información y atención al ciudadano que se relacionan en Anexo a la orden.

2. Las solicitudes se presentarán preferentemente de forma telemática en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es)..

En tal caso, la documentación que deba adjuntarse con la solicitud se digitalizará y aportará como archivos anexos.

3. Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial en las oficinas y puntos de información y atención al ciudadano que se relacionan en la Orden..

4. Igualmente, se podrán presentar las solicitudes por medio de telefax, a los números oficiales al efecto.

Plazo y forma de justificación:

1. Los justificantes del pago de la renta arrendaticia de los meses entre abril y septiembre de 2020, no presentados con la solicitud, deberán presentarse dentro del mes de octubre de 2020.

Pago de la ayuda:

1. Una vez reconocida la ayuda, el pago se hará de una sola vez y se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el arrendatario en su solicitud.

2. Si el inquilino no ha pagado al arrendador, el pago de la ayuda se realizará directamente al arrendador por cuenta del arrendatario.

3. Si la persona arrendataria ha suscrito un préstamo para el pago del alquiler avalado por el ICO, la ayuda concedida deberá destinarse a la amortización del préstamo.

4. Las ayudas convocadas en esta orden están sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sin que se les aplique retención.

Compatibilidad:

La ayuda de esta convocatoria es compatible con cualquier otra ayuda al alquiler, siempre que el total de las ayudas no supere el 100% del importe del alquiler del mismo período. En caso de superarlo, si la ayuda correspondiente a esta orden fuese concedida, se reducirá en la cuantía necesaria hasta cumplir con dicho límite.

Plazo de resolución:

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses, a contar desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver.

Silencio administrativo: DESESTIMATORIO, a los efectos de que se puedan interponer los recursos administrativo o contencioso administrativo

Información:

Los solicitantes que deseen obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento pueden acudir a los siguientes medios:

  • Teléfonos de información: 012 y (983 327 850).
  • Correo electrónico: informacion012@jcyl.es 
  • Fax: 983 419 272.
  • Dirección Postal: Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo.
  • C/ Rigoberto Cortejoso, nº 14. 47014 – Valladolid.

Fuente: Consejería de Fomento Junta de Castilla y León.

Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, por el que se aprueban medidas para el arrendamiento de locales comerciales

El pasado 22 de abril de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto Ley que por el que se aprueba la moratoria en el pago de las rentas de los locales de negocio, así como los requisitos que debe de cumplir el arrendatario para poder solicitar del arrendador dicha moratoria. el RDL dedica cinco artículos a esta cuestión, concretamente los números 1 a 5, distinguiendo entre los arredramientos donde el arrendador sea un gran tenedor, definido como aquel arrendador que tenga la titularidad de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trateros, o más de una superficie construida de1500 m2, y aquellos otros en los que el arrendador no tenga dicha condición, estableciéndose que solo en los supuestos de lo grandes tenedores el arrendatario podrá solicitar la moratoria en el pago de la renta.

La moratoria prevista en el decreto alcanzará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prorrogas, no pudiendo, en todo caso, exceder de cuatro meses.

La moratoria en el pago de la renta será automática y obligatoria para el arrendador siempre que el arrendatario la solicite en el plazo de un mes a contar desde la publicación del RDL, esto es antes del 23 de mayo de 2020, no devengara interés alguno y deberá abonarse a partir de la mensualidad siguiente a aquella en la que venza el plazo de la moratoria, fraccionando la cantidad aplazada en dos años siempre y cuando el contrato de arrendamiento no finalice antes de los dos citados años, pues en caso contrario se fraccionara por el número de meses de contrato que quedaren por cumplir.

En el supuesto de que el arrendador no tenga la condición de gran tenedor el arrendatario podrá solicitar un aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, si bien dicha solicitud no vincula al arrendador, quien podrá aceptar o no dicha petición, no quedando, por tanto obligado por el RDL que como decíamos solo será de imperativo para el arrendador gran tenedor. En este supuesto ambas partes podrán convenir que la fianza del contrato podrá destinarse al pago total o parcial de alguna o algunas mensualidades de renta, debiendo ser repuesta en el plazo máximo de un año, o en el plazo que reste de vigencia del contrato si este fuera inferior.

Podrán acceder a las medidas antes previstas los autónomos y pymes que reúnan los requisitos previstos en el art. 3 del citado RDL.


Novedades en Arrendamientos Urbanos. Entra en vigor la Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquileres de viviendas.

El día 6 de Junio ha entrado en vigor la reforma de la ley de arrendamientos urbanos que persigue medidas para fomentar el alquiler de viviendas.

Entre las principales medidas, la reforma aboga por dar prioridad a la voluntad de las partes; recorta el plazo máximo de duración de los contratos, pasando de cinco a tres años, y de sus prórrogas, de tres a un año, etc.

En  el enlace http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/05/pdfs/BOE-A-2013-5941.pdf

pueden encontrar la Ley publicada en el BOE el pasado día 5 de Junio.

Así mismo publicamos un cuadro comparativo de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos y la nueva Reforma, en el que se aprecian claramente los cambios normativos.

cuadro comparativo Reforma LAU

Normativa aplicable en función de la fecha de contrato.

Normas aplicables a cuatro períodos contractuales en vigor

 

 

La Agencia Tributaria reforzará la lucha contra los arrendamientos no declarados

El plan anual, que consta de una batería de actuaciones en todos los ámbitos de los distintos departamentos, será acompañado próximamente de una serie de medidas normativas entre las que está la limitación del uso de efectivo.

La Agencia Tributaria ha publicado esta mañana a través del Boletín Oficial del Estado las directrices generales del Plan de Control Tributario 2012, que es el principal instrumento de planificación en la lucha contra el fraude fiscal. El objetivo para este ejercicio es alcanzar unos ingresos de 8.171 millones de euros por actuaciones directas de control, un 8 por ciento más que el objetivo del año anterior.

Para ello destacan, dentro del Plan de Control 2012, una serie de medidas específicas:

– Lucha contra la economía sumergida. Control de los arrendamientos de viviendas y negocios no declarados, para lo que se cuenta ya con la información de los consumos eléctricos de más de 35 millones de inmuebles en España, así como el control de las mercancías  procedentes de Asia, tanto en su importación como en su venta al por menor.
– Lucha contra el fraude que genera alarma social. Se perseguirá el empleo de facturas falsas, la no facturación por bienes y servicios, y los abusos de formas societarias abusivas que se emplean por parte de colectivos de profesionales, deportistas y artistas. Sobre este colectivo se iniciarán 1.436 actuaciones inspectoras, un 14 por ciento más que el ejercicio anterior.
– Lucha contra las rentas en el exterior. La Agencia Tributaria utilizará a partir de este año la información relevante a efectos fiscales de residentes españoles con cuentas, o fundaciones, o entramados societarios, en Suiza, Andorra, Panamá, Bahamas o Antillas Holandesas, entre otros países. Este importante avance se va a realizar en virtud de los acuerdos de intercambio de información efectiva, bajo parámetros de la OCDE, que se firman con buena parte de los países antes considerados paraísos fiscales y que entrarán en vigor en 2012.
– Lucha contra el fraude en el tabaco de contrabando. La Agencia Tributaria perseguirá el comercio de tabaco de contrabando y las tramas criminales que lo sustentan y que producen un grave perjuicio  por competencia desleal. Hasta febrero de 2012 se han aprehendido 3,5 millones de cajetillas de tabaco falso o de contrabando, frente a un millón en el mismo periodo de 2011. También se reforzarán las actuaciones contra la falsificación de marcas.
– Lucha contra el fraude en la recaudación. Recuperar las deudas de quienes se pueden declarar insolventes sin serlo o que ocultan patrimonio es uno de los principales objetivos de la Agencia Tributaria. Para ello se reforzarán los embargos preventivos de bienes y derechos, se intentarán asegurar los pagos de deudas correspondientes a delito fiscal y se solicitará el ingreso en prisión de los condenados que, sin ser insolventes, no cumplan la ejecución de las sentencias. Además se hará un seguimiento continuo de deudores recurrentes para establecer su situación patrimonial y la de su entorno.
– Coordinación con otras administraciones tributarias. Se perseguirá especialmente la planificación fiscal abusiva que pretenda beneficiarse indebidamente de las diferencias normativas, en particular con los territorios forales.

Como complemento del plan anual de control 2012 se desarrollarán medidas normativas, aún en fase de análisis técnico, como son:

– Limitación del uso de efectivo en determinadas transacciones económicas.
– Limitación del uso abusivo de determinados aspectos del Impuesto sobre Sociedades.
– Medidas para consolidar el sistema de reacción precoz frente a los fraudes en la acción recaudatoria de deudas, producir mejoras en la investigación patrimonial y recaudación eficaz de responsabilidades civiles y multas por delitos contra la Hacienda pública.

Por último, a la Agencia Tributaria le gustaría recordar que la forma más eficaz de la lucha contra el fraude consiste en la prevención del mismo y la responsabilidad ciudadana a la hora de pagar impuestos. Para ello mejorará los mecanismos para la corrección de pequeños incumplimientos de forma voluntaria, así como en los servicios de prestación de ayuda en el cumplimiento, como los borradores del IRPF. La Agencia Tributaria recuerda que el fraude es un problema de todos y que las posturas tolerantes benefician a unos pocos en perjuicio de muchos.

Fuente: Agencia Tributaria. Nota de Prensa